I was honored earlier this year when Venezuela’s leading human rights group, the Programa Venezolana de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), asked me to write the prologue to their annual report on the state of human rights in Venezuela. PROVEA’s annual reports (available from 1988 to 2016 on their webpage here) are treasure troves of facts and analyses, written by some of Venezuela’s leading scholars and activists, and organized by the different human rights protected in Venezuela’s constitution(s). Today PROVEA released their 2017 report with a special reception in Caracas (download the prologue, overview and chapter summaries here. The entire report will soon be available with the others on their webpage.)
Of course, as is usually the case for those of us analyzing and commenting on Venezuela, such honors are bittersweet. In this prologue I write about what was, in terms of human rights, a holistically horrendous year with the violation of civil and political rights facilitating the violation of economic, social and cultural rights. Towards the end of the piece, I point out that the collapse of Chavismo as a progressive project underlines the integral and interdependent nature of human rights.
The prologue is appended below in Spanish. Here is an English translation of the concluding paragraph.
“The social and economic acheivements of Chavismo were undeniable. But for a progressive project to be sustainable, it has to be accompanied by recognition of and respect for the full spectrum of human rights. It is the feedback and pressure exercised by an empowered citizenship, free from fear, that can guide public policy and avoid tragedies like the one Venezuela is living today.”
Prólogo
El 2017 fue un año terrible. La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), llevada acabo por las tres universidades principales de Venezuela mostró que para agosto de 2017 la pobreza había subido desde 48.4% en 2014, hasta 87%. La investigación indica que 80% de los entrevistados dijeron haber comido menos en los 3 meses previos porque no conseguían comida. 60% dijeron que se habían acostado con hambre por no conseguir comida. Como resultado de esta crisis de sustentabilidad básica, centenares de miles de venezolanos se han marchado de Venezuela, causando una crisis migratoria en la región que genera una serie de nuevos retos en términos de DDHH.
Estas condiciones son el resultado del deterioro, no solo de un modelo de control estatal sobre la economía que ha traído distorsiones y corrupción, sino de un proceso de deterioro de las instituciones democráticas que ha dejado al pueblo sin el poder para cambiar su rumbo. En 2017 se vivió el ciclo de protesta más amplia y larga, no solo del periodo del chavismo sino la historia de Venezuela. Durante los cuatro meses de abril a julio hubo más de 9.200 protestas. En el transcurso de estas protestas, el Ministerio Público registró 124 muertes, de las cuales 46 podían ser atribuidas a las fuerzas de seguridad y 27 a los colectivos. Durante este ciclo de protesta, más que 5 mil personas fueron arrestadas arbitrariamente, incluyendo numerosas detenciones colectivas. Igualmente, durante este período de protestas, fueron recibidas más que 101 denuncias de tortura.
En su reporte especial sobre Venezuela de diciembre 2017, la CIDH critica las reformas que se han hecho en el marco regulatorio de la protesta en Venezuela las cuales restringen el derecho de la protesta social, obligando a obtener permisos previos y prohibiendo permanentemente manifestaciones en ciertas zonas, aunque tales prohibiciones suelen aplicarse de manera diferencial dependiendo del sector político que proteste. Igualmente el reporte de la CIDH critica la militarización del control de la protesta y la estigmatización oficial denominando “terrorismo” a toda protesta; estas dos circunstancias facilitan y justifican el uso excesivo de la fuerza. Todo este repunte de represión coincide con la implementación del Plan Zamora que busca involucrar a civiles en tareas de seguridad en coordinación con las fuerzas de seguridad, y con el uso reiterado y arbitrario de las declaraciones de estados de excepción.
El detonante del ciclo de protestas del 2017 fue el fallo del Tribunal Supremo de Justicia otorgándose a si mismo poderes de la Asamblea Nacional. Protestas de calle y la represión se expandieron en pocos días por todo el país entre un pueblo cuyos esfuerzos por expresarse electoralmente habían llegado a un fin indigno en octubre 2016 cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la posibilidad de un referéndum revocatorio. Este ciclo de protestas tomó más impulso cuando, a finales de abril, Nicolás Maduro convocó a una asamblea constituyente pasando por encima del Articulo 347 de la Constitución de 1999 que otorga ese derecho exclusivamente al pueblo. El CNE, controlado por el poder ejecutivo inmediatamente aceptó el llamado y propuso unas bases electorales extremadamente sesgadas y diseñadas para asegurar la sobre-representación de la coalición chavista.
La oposición venezolana, correctamente se negó participar en un evento electoral anti-constitucional y no presentó candidatos para la elección el 30 de julio. Según Smartmatic, la empresa que diseñó y mantenía la plataforma electrónica, en esa elección el CNE cometió fraude con los totales del voto, diciendo que habían votado más de 8 millones cuando en realidad, según la empresa, el total de votantes fue, por lo menos 1 millón de votantes menos. Estos abusos, junto a otras violaciones del ley electoral como por ejemplo el haber cerrado o movido centros electorales en los 48 horas antes que las elecciones de gobernadores en octubre, desanimaron a una buena parte de la ciudadanía y lograron que ésta se abstuviera. Como consecuencia, un gobierno poco popular pudo arrasar con 17 de 23 gobernaciones. En la elección del estado Bolívar donde el candidato Andrés Velásquez ganó por un estrecho margen, el CNE cometió fraude puro y simple, anulando actas y cambiando votos. Los 5 candidatos de la oposición que fueron elegidos fueron obligados a juramentarse frente la ilegitima ANC. Uno de los gobernadores elegidos, Juan Pablo Guanipa, se negó hacer tal juramento y su elección fue anulada. En diciembre el CNE repitió esa eleción, resultando como ganador un candidato oficialista.
Un año terrible no podía sino tener un final terrible, con la aprobación por la fraudulenta ANC de la Ley Constitucional Contra el Odio. Esta ley castiga con penas de hasta 20 años a personas que inciten el odio o violencia por los medios comunicación y permite revocar la inscripción de organizaciones que “promuevan el fascismo.”
La tragedia que está viviendo Venezuela demuestra una vez más la interdependencia e integralidad de los DDHH. El surgimiento del discurso, legislación y movimiento de los DDHH en el siglo XX, en la época posguerra, coincidió con la guerra fría entre las democracias del occidente y los países socialistas del bloque soviético. Uno de los efectos de la guerra fría fue una dilematización de los DDHH. Mientras que los países del occidente enfatizaban los derechos cívicos y políticos y criticaban a los países del Este de no respetarlos, los países del este hablaban de sus logros en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales y criticaban al oeste por sus niveles de pobreza y desigualdad.
La tensión entre la desigualdad y la libertad es tan vieja como la noción de derechos. Así mismo,la crítica a los derechos cívicos y políticos como parcialidades burguesas tiene sus orígenes en la crítica de Carlos Marx a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Pero, aunque antigua, esta tensión persiste en la discusión actual sobre la defensa de los DDHH. La crítica más común es que lograr el verdadero disfrute de los derechos cívicos y políticos requiere la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Una persona puede tener libertad de expresión, pero si carece de sustento, salud y educación, difícilmente puede aprovechar de esa libertad. Pero el otro lado de esto, que se puede ver en el periodo del Chavismo, es que el deterioro de los derechos cívicos y políticos puede socavar los logros en derechos económicos, sociales y culturales.
La Constitución de 1999 garantizaba el espectro pleno de derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales y representó un logro importante. Sin embargo, en la práctica y con el tiempo, el viejo dilema comenzó a asomarse. En 2012, durante el apogeo del Chavismo, Provea publicó un informe especial que se tituló “15 años en Derechos Humanos: Inclusión en lo social, exclusión en lo político”. Este reporte compiló una serie de estadísticas demostrando el progreso que había logrado el gobierno de Hugo Chávez con respecto a la pobreza, el acceso a la educación, la salud y la alimentación. Pero por otro lado, documentó el auge de jueces provisorios, el intento de construir una hegemonía estatal comunicacional y la creciente criminalización de la protesta. Este reporte especial efectivamente reveló el dilema clásico de los DDHH considerados como un juego de “suma cero:” los logros en derechos sociales y económicos corresponden a un cercenamiento de los derechos civiles y políticos.
Poco tiempo después la interdependencia de los DDHH comenzó a mostrarse. Ya en el año 2013 Provea comenzó a alertar sobre los crecientes niveles de escasez de comida y la falta de insumos médicos. En el 2014 sonó la alarma cuando el Ministerio de la Saludo dejó de publicar su boletín epidemiológico. En el 2015, Provea denunció el desmantelamiento del Ministerio del Ambiente y el debilitamiento de controles ambientales que en 2016 llevaría a la creación del Arco Minero, el cual amenaza con la destrucción de pristinos ecosistemas y de fuentes de agua dulce, todo con el objeto de aumentar los fondos disponibles para el gobierno. Ya para 2016 Provea alertó que el gobierno de Nicolás Maduro, no solo se había vuelto autoritario, también era ahora una fábrica de pobreza. Al Igual que los gobiernos neoliberales de los años 80 y 90, el gobierno ha recurrido a la represión precisamente para tratar de controlar eldescontento social producido por el empobrecimiento de la población.
No solo hace falta estar libre de necesidades básicas para poder ejercer los derechos fundamentales políticos y cívicos, como bien se ha dicho desde la izquierda, sino que también la violación facilita el incumplimiento de las necesidades básicas. Es precisamente por el deterioro de las instituciones democráticas que el venezolano ya no tiene el poder para cambiar al que gobierna. Y es porque ya no se puede cambiar al régimen corrupto de Nicolás Maduro que éste puede seguir apoderandose de los recursos de los venezolanos. Tal como ha dicho el CIDH:
“A través de la participación popular, quienes son objeto de la negación de sus derechos económicos y sociales, pueden participar en las decisiones que se relacionan con la asignación de los recursos nacional y el establecimiento de programas sociales, educativos y de salud. La participación popular, objetivo de la democracia representativa, garantiza que todos los sectores sociales participen en la formulación, aplicación y revisión de los programa nacionales.”II
Como demostró el reporte especial de Provea del 2012, los logros sociales y económicos del Chavismo fueron innegables. Pero para que un proyecto progresista sea sustentable, tiene que venir acompañado del reconocimiento y respeto al espectro completo de los DDHH. Es la retroalimentación y la presión ejercida por una ciudadanía empoderada y sin temores la que puede guiar la política pública y evitar las tragedias como la que está viviendo Venezuela hoy.
David Smilde
Profesor de sociología en la Universidad de
Tulane, EEUU, asociado a la Oficina de Washington
para América Latina (WOLA), una organización
no-gubernamental de DDHH.
